Castresana Fernández, Carlos

Nació en Madrid, España, en julio de 1957, y cursó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, donde en 1979 recibió su título de abogado.

Ejerció libremente la abogacía de 1980 a 1985, luego inició su carrera judicial, siendo de 1986 a 1987 magistrado suplente de la Audiencia Territorial de Madrid, y de 1987 a 1989 fue juez de Distrito y de Instrucción en las materias civil y penal.

En 1989 ingresó por oposición al Ministerio Fiscal como abogado fiscal; en 1996 ascendió a la categoría de fiscal; de 1990 a 1993 fue fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y como tal se especializó en la persecución de delitos de naturaleza económica y de corrupción, así intervino en el Caso Caric, y en 1993 fue fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

De 1993 a 1995 fue titular de la Fiscalía Especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas (fertid). Como tal adquirió una gran experiencia en la investigación y persecución de grupos del crimen organizado por delitos de tráfico internacional de drogas, armas y blanqueo de capitales. Le correspondió intervenir en la desarticulación, procesamiento y enjuiciamiento de las redes organizadas, tales como las operaciones Pitón y Santoña, entre otras. Además dirigió las investigaciones y las unidades de la policía judicial, en la detención de inculpados, entradas y registros, abordaje de buques –caso Martere–, incautación y recuperación de fondos, empresas e inmuebles –caso Pazo Bayón–, y en la cooperación judicial con países europeos y americanos.

En 1995 tomó posesión de la Fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción (fertid). Intervino en la investigación y tramitación de los procedimientos judiciales ante la Audiencia Nacional, en materia de corrupción y de delitos socioeconómicos, y dirigió el personal de la Fiscalía y de la policía judicial.

Le ha correspondido intervenir en las cuestiones de inmunidad parlamentaria y de jefes de gobierno y de ministros de asuntos exteriores –caso Silvio Berlusconi–; la persecución de fraudes a la Unión Europea por la incautación de embarcaciones –caso Wendy–, de aeronaves –caso Illyushin del Ejército de Ucrania–, de automóviles, de depósitos bancarios y de otros bienes; la administración judicial de empresas embargadas –caso del Atlético de Madrid–; la coordinación de entradas y registros simultáneos en territorios de diferentes países –casos Telecinco y Columbus–; y la colaboración con autoridades de Europa y de América, para la recuperación de fondos procedentes de actividades delictivas.

Dentro de sus intervenciones cabe destacar el Caso Pinochet de 1996, por el cual adquirió relieve internacional. Él fue el autor de las denuncias contra las Juntas Militares de Argentina y Chile, que dieron lugar al proceso seguido ante la Audiencia Nacional de España. Son de su autoría los sucesivos dictámenes sobre genocidio, tortura, desaparición forzada, crímenes contra la humanidad, crímenes contra personas internacionalmente protegidas, inmunidad, jurisdicción universal, extradición, imprescriptibilidad, cosa juzgada, obediencia debida, amnistías e indultos y asistencia judicial internacional, para las Juntas de Fiscales de la Sala del Tribunal Supremo, y los equipos jurídicos de la acusación popular, para la detención y extradición del senador vitalicio chileno Pinochet, y de otros inculpados en España y en otros países.

Con sus actuaciones en este caso, abrió la posibilidad de aplicar la justicia a nivel global, más allá del paso del tiempo y de los fueros e inmunidades diplomáticas de los políticos del pasado.

En los organismos internacionales ha desplegado las siguientes acciones: en el Consejo de Europa, a partir de 1996 fue ponente en distintas Conferencias y Misiones de Cooperación Jurídica; en Italia presentó “La función del Ministerio Fiscal en la instrucción penal”; en la Reunión de los Fiscales Generales de los Estados de Europa Oriental celebrada en Bulgaria, disertó sobre la “Reforma del Código Penal y el Código de Procedimientos Criminal”; en Azerbaiyán trató sobre “Relaciones entre el Ministerio Fiscal y otras instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción”; y en Tallin, Estonia, en 1997, fue ponente general designado por el Consejo de Europa en la Segunda Conferencia Europea de Servicios Especializados contra la corrupción, y le correspondió redactar el informe general de la Conferencia y las conclusiones.

En la Unión Europea: en 1994 fue ponente en la reunión de presidentes de Tribunales Superiores y Fiscales Generales, celebrada en Portugal; participó en las misiones de cooperación jurídica internacional, con la Unidad Central de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea; y en 2002 fue ponente en los programas de formación del proyecto para el establecimiento de la Fiscalía Anticorrupción, en Rumania.

De 1993 a 1994 fungió como portavoz de la Delegación del Reino de España, en el grupo de trabajo sobre estupefacientes de los países del Acuerdo de Schengen; en 2003 el Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría General de la onu lo designó experto para una misión en Guatemala y fue coautor del informe para la constitución de la Comisión de Investigación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (ciciacs); y el 1° de agosto de 2007 el secretario general de la onu, Ban Ki-Moon, lo designó comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (cicig), con rango de subsecretario general de la onu, responsabilidad a la que renunció en junio de 2010 como protesta porque el presidente de la república Álvaro Colom nombró fiscal general a Conrado Reyes, a quien consideró

[…] una persona que claramente no era idónea. En una semana tuvimos las evidencias de que estaba abriendo la puerta a los sectores más corruptos y algunos vinculados al crimen organizado. Ese fue uno de los detonantes de mi renuncia porque yo le había pedido al presidente reiteradamente que no nombrara a esa persona. Después de nombrarla, le pedí con mucha contundencia que le destituyera. El presidente nunca le destituyó. En esas condiciones, yo no podía seguir trabajando porque mi contraparte era el fiscal general. Afortunadamente, mi renuncia sirvió como revulsivo y tres días después la Corte Constitucional destituyó a Reyes.¹

De 1995 a 1997 fue portavoz de la Unión Progresista de Fiscales de España, la cual presidió de 1997 a 1999. A partir de 2002 participó como miembro permanente en el Grupo de Bruselas por la Justicia Internacional, y fue presidente de uno de los talleres en el Encuentro Internacional sobre Jurisdicción Universal.

En el ámbito académico: a partir de 2000 fue profesor asociado de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid; de 2003 a 2006 fue profesor invitado de Derecho Internacional Penal en la Universidad de San Francisco, California, Estados Unidos, donde también fungió como director de Programas de Derechos Humanos del Center for Law and Global Justice; desde 2003 fue ponente en los cursos de la Fiscalía General del Estado del Consejo General de Poder Judicial, del Instituto de Estudios Fiscales y de otros organismos públicos nacionales e internacionales sobre corrupción y delincuencia económica; a partir de 1996 fue disertante en temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal internacional, jurisdicción universal, genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, cooperación judicial internacional, imprescriptibilidad, justicia internacional, Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional, tribunales penales internacionales, entre otros, en numerosas reuniones, cursos y congresos en universidades de España, Italia, Bélgica, Holanda, Portugal, Suiza, Alemania, México, Guatemala, Argentina, Brasil y Estados Unidos.

Además fue invitado a exponer sobre los referidos temas en las sedes de las Cortes de España, de la Cámara de Diputados del Estado de Buenos Aires, del Senado de Roma, de la onu en Ginebra, en el Bundesrat de Alemania, en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en el Instituto Max Planck, en la Fundación Lelio Basso, en la Fundación Konrad Adenauer, en la Fundación Rigoberta Menchú, en el Instituto Ortega y Gasset, en el Transparency International y en Amnistía Internacional, entre otros.

Los títulos de sus obras publicadas son: “Role du procureur dans l’instruction penale” en Le role du ministere public dans une société démocratique (1997); “Fundamentación de la competencia de la justicia española en los delitos de lesa humanidad” en Contra la impunidad, en defensa de los Derechos Humanos (1998); Corruption in public procurement. Introductory report (1998); Il caso Pinochet. I crimini contro l´humanitá fra politica e diritto (1999); “El juicio en cortes extranjeras a los miembros de las Juntas Militares argentina y chilena”, Justicia Penal Internacional (2001); “La corrupción económica en las comunidades europeas”, Protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea (2001); La figura del acusador público ante el principio de justicia universal (2001); “Democracia y división de poderes”, Educación, globalización y democracia (2002); y Lutter contre l’impunité. Les Principes de Bruxelles contre l’impunité et pour la justicie internationale (2002), entre otros.

Sus artículos se publican en los periódicos españoles El País, El Mundo, El Periódico y la revista Jueces para la democracia. En la revista Proceso de México publicó “El voto del hartazgo”, marzo de 2004. En el libro conmemorativo del los veinte años de la fil de Guadalajara dio a conocer “La conspiración”. Otros de sus títulos son: “Persecución de crímenes contra la humanidad en la Audiencia Nacional: los informes que los fiscales no quieren firmar” (1998); “Pinochet: balance provisional” (2000); “Guerra al terror y al Derecho” (2002); “La jurisdicción universal en la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Superior” (2004); “La onu en la lucha contra la impunidad en Guatemala” (2004); y “De Núremberg a Madrid: la sentencia del caso Scilingo” (2005).

En el Instituto Max Planck es presidente de la revista Transformación democrática y delincuencia de Estado.

Los reconocimientos que ha recibido son: el Premio Nacional de Derechos Humanos de España, 1997; el título de Visitante Distinguido de Toluca, Estado de México, 1998; el título de Visitante Ilustre de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, Argentina, 1998; el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derechos Humanos, 1999; el Certificate of honor del City Council de San Francisco, California, 2004; la medalla de honor de la vicepresidencia del Senado de la República de Chile, 2006; el doctorado honoris causa de la Universidad Central de Chile, 2006.

El 2 de diciembre de 2003 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara, y participó en los Encuentros Humanistas de la fil en 2005 y 2011.

Para finales de 2015 era abogado y fiscal en excedencia del Tribunal Superior de España.

Jucios y testimonios

José Trinidad Padilla López: “Queremos entregarle el título de doctor honoris causa por su valiosa contribución a la humanidad en su lucha por la defensa institucional, la persecución de los delitos de lesa humanidad, su reconocida personalidad en el ambiente universitario y en el ejercicio de la abogacía y su lucha contra la corrupción”.

Francesc Relea: “Un justo necesario […] Es un hombre valiente. Lo ha demostrado repetidas veces a la hora de asumir o aceptar puestos de alto riesgo”.