Prólogo. La Universidad en transición: continuidad y cambio en el paso del antiguo régimen a la modernidad

Roberto Aceves Ávila ¹

El trabajo que tiene el lector en sus manos representa un importante esfuerzo de rescate de fuentes históricas documentales de primera mano, localizadas principalmente en el Archivo de la Universidad de Guadalajara. En este sentido debe reconocerse el arduo trabajo de búsqueda y transcripción de noticias en los libros de claustro, actas y expedientes universitarios, que hasta ahora han sido poco aprovechados por aquellos que investigan la historia de la Universidad, especialmente en el periodo de 1821 a 1861, que abarca desde la independencia a la reforma en Jalisco. Este es, a mi juicio, la principal aportación del autor del libro a la historiografía jalisciense.

La minuciosa relación de hechos descritos en los libros de claustro que presenta el autor da cuenta de todo tipo de discusiones, que abarcan el papel y las funciones de la Universidad, los contenidos educativos que ésta quería transmitir, así como de los diversos conflictos y controversias que se dieron no sólo entre las autoridades universitarias y civiles, sino también entre las jerarquías eclesiásticas y políticas. De manera adicional presenta algunos datos sobre el ceremonial o las continuas demandas de los estudiantes por reducir o eliminar los costos para obtener grados, así como otros aspectos de la vida diaria universitaria. Sin embargo, que este cúmulo de datos no haga perder de vista el contexto y las raíces políticas, ideológicas o económicas de dichas confrontaciones entre diversos actores de la sociedad. Es necesario contextualizar todas estas situaciones de conflicto y acercamiento, de cambio y de continuidad que se generaron entre la Universidad y los diferentes regímenes políticos y actores sociales, en el marco del proceso de ajuste ideológico que se dio entre las distintas corporaciones que componían al orden social en el periodo antes mencionado.

Esta serie de conflictos ideológicos, políticos y económicos que muestran los libros de claustro deben analizarse a la luz de las discusiones que sostuvieron diversos actores sociales (entre ellos el Estado, la Iglesia y la Universidad) sobre la importancia de la educación en todos sus niveles, y la aplicación de diversas teorías educativas y métodos pedagógicos, para lograr la modernización de la sociedad.² En el entorno de las sociedades occidentales ilustradas posteriores a la revolución francesa, se consideraba uno de los medios para lograr el progreso de la sociedad sería el triunfo de la “razón” por medio de la educación. Esta fue una de las preocupaciones constantes de la política de los borbones, quienes veían en el acceso a la educación algo necesario para colaborar en el proceso de mejora de la sociedad contemplado en sus reformas administrativas de finales del siglo xviii.³ Dicha visión fue heredada por los regímenes mexicanos posteriores a la independencia, tanto conservadores como liberales, unos abogando por la participación y colaboración de la Iglesia en la educación y otros por su exclusión. Ya desde marzo de 1826, con la aprobación del Plan General de Instrucción Pública para Jalisco (primera ley referente a la educación promulgada por los estados en México), se procuró fomentar la educación promovida por el Estado y establecer algunas directrices de política educativa sobre quién y cómo debería proporcionar la educación pública, que seguiría apareciendo a lo largo del siglo xix.⁴ José Rogelio Álvarez ha señalado cómo Gómez Farías y los legisladores de 1833 compartían la idea de que “el elemento más necesario para la prosperidad de un pueblo es el buen uso y ejercicio de su razón, que no se logra sino por la educación de las masas, sin las cuales no puede haber gobierno popular. Si la educación es un monopolio de ciertas clases y de un número más o menos reducido de familias, no hay que esperar ni pensar en un sistema representativo, menos republicano y, todavía menos popular”.⁵ José María Luis Mora, al enunciar el “Programa de los principios políticos que en Méjico [sic] ha profesado el partido del progreso, y de la manera en que una sección de este partido pretendió hacerlos valer en la administración de 1833 a 1834”, señalaba como principio 6º: la “mejora del estado moral de las clases populares, por la destrucción del monopolio del clero en la educación pública, por la difusión de los medios de aprender, y la inculcación de los deberes sociales, por la formación de museos conservadores de artes y bibliotecas públicas, y por la creación de establecimientos de enseñanza para la literatura clásica, de las ciencias y la moral”.⁶ Cabe recordar que fue en 1833 cuando ocurrió el primer cierre de la Real y Pontificia Universidad de México, haciendo uso de argumentos similares a los utilizados para justificar la clausura de la antigua Universidad de Guadalajara en esa misma década. Y si bien las Leyes de Reforma no proscribieron la educación con orientación religiosa impartida por particulares, sí establecieron limitaciones en materia de prácticas religiosas en los colegios y establecimientos de instrucción pública.⁷ Todas estas ideas sobre los alcances y principios de la educación pública forman parte del contexto en el que se desarrollaron varias de las sesiones reseñadas en los libros de claustro universitarios del periodo, y que generaron polémicas acerca del gobierno de la institución y de la adecuación de los contenidos que se enseñaban en la institución respecto de los fines que se pretendían lograr entre otros temas.

Estas confrontaciones, por otra parte, así como las situaciones recurrentes de continuidad y cambio en la institución universitaria también deben ser analizadas en función de otras discusiones ideológicas que se dieron a lo largo del siglo xix en la transición de la sociedad del antiguo régimen hacia la modernidad.⁸ Debe recordarse que en las sociedades del antiguo régimen caracterizadas por un orden social compuesto de corporaciones con jurisdicciones específicas pero interrelacionadas dentro de un orden jurídico común –como fue el caso de la Iglesia y de la Universidad, entre otras–, los sujetos entendieron a este orden social como una estructura sostenida por un saber de tipo unitario, en donde incluso lo religioso permeaba todo el orden social y estaba íntimamente vinculado con los saberes jurídico, técnico, económico e incluso médico. En la medida en que el Estado mexicano llevó a cabo su proceso de consolidación y laicización a lo largo del siglo xix, esta relación entre corporaciones y saberes comenzó a fragmentarse, creando conflictos ideológicos entre las diferentes instituciones componentes del orden social. En este escenario, la Iglesia, que hasta entonces había sido la principal patrocinadora de la educación superior en Jalisco, tuvo que adaptar y modificar sus discursos y acciones ante el surgimiento de un Estado moderno y una sociedad cada vez más secularizados.

También debe tomarse en cuenta que dentro del amplio espectro de posiciones ideológicas que prevalecieron en México a partir de la independencia (liberales, conservadores, puros, moderados) el catolicismo por lo general formó parte de sus referentes. Es decir, en el periodo entre la independencia y la reforma, una gran parte de los actores sociales no cuestionaron la legitimidad de la religión católica ni la necesidad de la participación activa de la Iglesia dentro de los procesos educativos y en el mantenimiento del orden social, sino tan sólo el lugar que ésta debía ocupar dentro del espectro de decisiones políticas y sociales, y el grado de autonomía que ésta debía mantener respecto del Estado. Fue por ello que la Iglesia logró mantener durante un largo periodo su influencia dentro de la administración de la Universidad y de otras instituciones educativas. Cabe recordar además que la operación de la Universidad hasta antes de las Leyes de Reforma se financiaba en buena medida de los capitales y rentas que fray Antonio Alcalde había dispuesto para dicho fin, por ello la autoridad eclesiástica mantenía un grado de control importante en su administración. Así, por ejemplo, en la primera mitad del siglo xix la dignidad eclesiástica de maestrescuela del cabildo catedralicio de Guadalajara era concurrente con el oficio de cancelario universitario. Diversos estudios recientes han señalado la importancia que tuvieron la acción y la ideología de la Iglesia en el mantenimiento del orden social a lo largo del siglo xix. Para el caso específico de Guadalajara, Brian Connaughton analiza la forma en que el clero tapatío adaptó su ideología ante los cambios políticos y sociales ocurridos a partir de la caída del dominio español y el advenimiento de la independencia hasta 1853. Connaughton señala que en Guadalajara, hasta antes de la reforma, “la Iglesia aún representaba un conducto clave en la continuidad ideológica de la sociedad mexicana de aquella época”.⁹ Ciertamente los conflictos y confrontaciones que se reflejan en todo el texto aquí prologado no son solamente discusiones de orden educativo, sino también ideológico, económico y político.

La publicación de los contenidos de los libros de claustro correspondientes a un periodo poco estudiado como lo es el que va de la independencia a la reforma, es el primer paso necesario para el desarrollo de una historia de la Universidad, que se realice haciendo uso de criterios historiográficos actualizados.¹⁰ Asimismo, es una contribución importante a la historia de Jalisco. Si bien queda todavía mucho camino por recorrer, sobre todo en materia de análisis e interpretación crítica de estos datos, es de agradecer este importante esfuerzo por acercarnos a las fuentes históricas de nuestra Universidad.

Zapopan, Jalisco, agosto de 2017.